OCULTAN POR 5 AÑOS LOS GASTOS EN “APOYOS” Y “AYUDAS” DE LA PRESIDENCIA DE NOROÑA EN EL SENADO.

OCULTAN POR 5 AÑOS LOS GASTOS EN “APOYOS” Y “AYUDAS” DE LA PRESIDENCIA DE NOROÑA EN EL SENADO.

El Senado de la República reservó durante cinco años los comprobantes de gastos correspondientes a apoyos y ayudas financiados con recursos públicos otorgados por #senadores, durante la presidencia de Gerardo Fernández #Noroña en la Cámara alta.

La determinación fue notificada a partir de una solicitud de acceso a la información presentada por el medio La Silla Rota, en la que se requirió copia en versión pública de facturas, comprobantes fiscales digitales (CFDI), pólizas, recibos, contratos, informes y cualquier otro documento que acreditara el uso de esos recursos durante el ejercicio fiscal 2025.

En los primeros nueve meses de 2025, los informes presupuestales del Senado registraron la entrega de 551 millones 211 mil 400 pesos a las bancadas, es decir, 61.2 millones de pesos mensuales, lo que representó un incremento de más de 30% respecto a la Legislatura anterior.

Durante las legislaturas anteriores estos recursos incluían subvenciones por senador, apoyos derivados de presidencias y secretarías de comisiones, así como subvenciones variables en especie.

La petición buscaba conocer el desglose por senador o grupo parlamentario, incluyendo montos, conceptos de gasto, fechas de erogación y la identidad de las personas físicas o morales que recibieron pagos con cargo a recursos públicos.

Sin embargo, mediante el oficio SGSA/CT/UT/LXVII/0184/26, la Unidad de Transparencia del #Senado informó que la documentación fue clasificada como reservada a petición de la Contraloría Interna, bajo el argumento de que forma parte de procedimientos de fiscalización y auditoría que aún se encuentran en trámite.

La determinación fue respaldada por el Comité de Transparencia de la Cámara alta, que resolvió mantener fuera del escrutinio público la información relacionada con el destino de esos recursos durante un periodo de cinco años.

La resolución significa que la ciudadanía no podrá revisar las facturas, contratos y recibos que acrediten cómo se ejercieron los recursos destinados a apoyos y ayudas legislativas, pese a tratarse de dinero proveniente del erario.

La decisión se da en un contexto en el que el discurso oficial ha insistido en la austeridad republicana y en el combate a la corrupción como ejes de la vida pública. No obstante, la reserva impuesta por el Senado limita la posibilidad de verificar si los recursos fueron utilizados conforme a la normativa aplicable y bajo criterios de eficiencia, legalidad y transparencia.

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