Por el caso Ayotzinapa; Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos, Jesús Murillo Karam; deben ser encarcelados señala sobreviviente.
Por el caso Ayotzinapa; Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos, Jesús Murillo Karam; deben ser encarcelados señala sobreviviente.
La detención de Ángel Aguirre abrió una puerta que las familias y sobrevivientes de Ayotzinapa llevan casi 12 años exigiendo: que la investigación deje de detenerse en policías, funcionarios menores y operadores del crimen, y alcance a quienes tomaron decisiones desde los niveles más altos del poder.
Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de la noche de Iguala y hoy diputado federal de Morena, puso tres nombres sobre la mesa: Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong e Iñaki Blanco, exprocurador de Guerrero. “Faltan Peña, Osorio Chong, Iñaki Blanco”, sostuvo durante una entrevista con Los Periodistas.
Su exigencia llega después de que la FGR detuviera al exgobernador Ángel Aguirre, acusado de desaparición forzada y obstrucción de la justicia por la presunta destrucción de videos que pudieron registrar parte de lo ocurrido con los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014. Nuevos testimonios protegidos apuntaron hacia el entonces mandatario de Guerrero como quien habría ordenado desaparecer esa evidencia.
Para Vázquez Arellano, Aguirre no debe ser el punto final.
El sobreviviente recordó que la primera investigación estuvo en manos de la Procuraduría de Guerrero, entonces encabezada por Iñaki Blanco. Durante esos primeros días, acusa, comenzó una narrativa que buscó relacionar a los estudiantes con grupos criminales y presentar la agresión como consecuencia de una disputa entre Guerreros Unidos y Los Rojos.
Esa línea sí dejó huella en los expedientes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes encontró declaraciones que intentaban colocar a supuestos integrantes de Los Rojos entre los estudiantes y cuestionó seriamente su consistencia. El GIEI documentó contradicciones, testimonios obtenidos bajo condiciones irregulares y fallas profundas en las primeras diligencias realizadas después de la desaparición.
Vázquez sostiene que aquella versión comenzó desde Guerrero.
“Desde el principio trataron de criminalizarnos”, afirmó. Según su testimonio, la narrativa fue creciendo hasta presentar a los normalistas como participantes de un conflicto criminal y reducir la responsabilidad de las autoridades que actuaron aquella noche.
La llegada de la entonces Procuraduría General de la República tampoco cerró esa ruta.
La PGR atrajo la investigación a principios de octubre de 2014 y, bajo el mando de Jesús Murillo Karam, terminó construyendo la llamada “verdad histórica”, la versión que sostuvo que Guerreros Unidos había asesinado e incinerado a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula. Investigaciones posteriores del GIEI desmontaron elementos centrales de esa explicación y exhibieron graves irregularidades en el expediente.
Vázquez Arellano acusa que ese cambio federal no amplió las responsabilidades, sino que terminó concentrándolas en el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, policías municipales y miembros del crimen organizado.
La investigación posterior terminó revelando un escenario mucho más amplio.
En 2023, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa informó sobre una “Junta de Autoridades” vinculada con reuniones realizadas durante la construcción de la versión oficial del caso. Entre los nombres señalados en ese contexto aparecen el entonces presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Defensa Salvador Cienfuegos, el titular de Marina Vidal Soberón y el procurador Jesús Murillo Karam.
La CoVAJ sostuvo que esas reuniones se realizaron en espacios como Los Pinos, instalaciones militares en Guerrero y oficinas de la PGR, dentro del proceso que terminó dando forma a la llamada verdad histórica.
Por eso Vázquez coloca ahora a Peña Nieto y Osorio Chong entre los funcionarios cuya actuación debe ser investigada a fondo.
La demanda no parte de una acusación penal nueva contra ambos. Parte de una pregunta que permanece abierta desde que esos documentos salieron a la luz: qué sabían los funcionarios de mayor rango, qué decisiones tomaron y qué responsabilidad tuvieron en la construcción y defensa de una investigación que después quedó desacreditada.
El caso de Iñaki Blanco tiene otro antecedente todavía más directo.
En agosto de 2022, la unidad especial del caso Ayotzinapa obtuvo una orden de aprehensión contra el exprocurador de Guerrero por delincuencia organizada. Semanas después, la propia FGR pidió cancelar esa orden junto con otras 20, incluidas varias contra militares y funcionarios relacionados con el expediente. El juez aceptó la solicitud y la orden contra Blanco quedó sin efecto.
La nueva ofensiva de la Fiscalía vuelve a colocar aquellas decisiones bajo presión.
Aguirre pasó más de una década sin enfrentar una orden de captura por Ayotzinapa. Ahora está detenido porque la FGR retomó una línea relacionada con las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, cuya evidencia pudo registrar la interceptación del autobús Estrella de Oro 1531.
Vázquez considera que esa investigación debe bajar hasta quienes operaban físicamente los sistemas: técnicos, responsables de videovigilancia, funcionarios con acceso a los equipos y cualquier persona que haya intervenido en la extracción, manipulación o desaparición del material.
“Hay personas, hay técnicos que manipulaban los sistemas, los equipos de cómputo, las cámaras de videovigilancia”, señaló. Su apuesta es que cada nueva declaración permita reconstruir la cadena que llevó desde las cámaras hasta quienes pudieron ordenar que las imágenes desaparecieran.
La detención de Aguirre cambió el nivel político de la investigación.
Durante años, Ayotzinapa acumuló policías procesados, criminales detenidos, militares señalados y funcionarios federales acusados. Ahora la Fiscalía alcanzó al hombre que gobernaba Guerrero cuando desaparecieron los estudiantes.
Para Vázquez Arellano, todavía falta subir más.
Peña Nieto, Osorio Chong e Iñaki Blanco representan tres niveles distintos del poder que rodeó el caso: la Presidencia, Gobernación y la primera procuraduría que investigó los hechos. Sus nombres tienen antecedentes diferentes dentro del expediente y su eventual responsabilidad solo puede establecerse mediante investigaciones y procesos judiciales.
Pero casi doce años después, la exigencia de los sobrevivientes vuelve al mismo lugar: Ayotzinapa no puede cerrarse únicamente con quienes ejecutaron el ataque. También debe esclarecer quién construyó las versiones oficiales, quién ocultó información, quién tomó decisiones desde las instituciones y quién permitió que durante años la verdad quedara enterrada junto con las pruebas.
La captura de Ángel Aguirre demostró que todavía pueden abrirse responsabilidades que parecían intocables. Para Manuel Vázquez Arellano, el siguiente paso es que la investigación continúe hacia arriba, hasta donde lleguen las evidencias, aunque los nombres conduzcan a quienes ocuparon las oficinas más poderosas del país.